Juan Santos 
principios de mes, gracias a una investigación de la Fundación porCausa y El Salto, supimos que la Unión Europea había abierto en Mauritania, mediante el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE y con la colaboración de FIAP —una agencia española de cooperación—, dos cárceles para migrantes. Su nombre oficial es Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), pero, como demostró la investigación periodística, son en realidad «centros de detención» de migrantes en los que incluso se prevé que pernocten menores de edad y bebés lactantes. Informes de Lighthouse Reports y Human Rights Watch han documentado graves abusos contra la población migrante retenida en Mauritania, incluidos detenciones arbitrarias, internamientos ilegales y abandonos en el desierto.
Las cárceles de migrantes en Mauritania con dinero español no son, ni mucho menos, un fenómeno nuevo. En 2008, una antigua escuela reconvertida en cárcel para la «retención de migrantes» operaba con fondos españoles y sin marco jurídico en Nuadibú (Mauritania). Aquel centro, conocido con el sobrenombre de «guantanamito español», recibía cada mes, según Amnistía Internacional, entre 200 y 300 personas procedentes de Senegal y Malí. Se trataba de una política de externalización de fronteras con cárceles extraterritoriales para migrantes, en el contexto de la llamada «crisis de los cayucos» de 2007.En los últimos años, la ruta atlántica occidental hacia Europa ha vuelto a ganar peso a medida que se cerraban otras rutas migratorias en el Mediterráneo central. El número de personas que transitan por el Atlántico occidental pasó de menos de 3.000 en 2019 a más de 23.000 en 2020, más de 40.000 en 2023 y 46.000 en 2024. En paralelo, la UE —y, por ende, el Gobierno español— ha ido destinando cada vez más recursos y esfuerzos para taponar la actividad migratoria en esa ruta.
