Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 y prometió realizar una serie de reformas que, según él, “devolverían el sentido común” a Estados Unidos. En menos de 365 días en el poder adoptó frenéticamente una serie de controvertidas medidas legitimadas por el voto de más de 70 millones de personas. Sin embargo, la gestión de asuntos como la migración y la economía han afectado su popularidad, elevando sus índices de desaprobación. A nivel doméstico, ¿qué pasó en la primera potencia occidental durante este 2025? ¿Tiene límites el magnate republicano? Informe especial desde Washington D. C. Desde su retorno al Despacho Oval, Donald Trump ha transformado al poder ejecutivo con distintas acciones que van desde el uso de poderes de emergencia para desplegar a la Guardia Nacional en las ciudades hasta los ataques contra las ramas del poder que deberían hacerle contrapeso, como el Congreso y las Cortes Federales.
Pero también ha firmado múltiples órdenes ejecutivas con impacto directo en el tejido social y la identidad cultural de la Unión Americana, decisiones cuyo impacto puede extenderse por décadas. Para la analista política Yamile Pino, “la Presidencia de Trump es fuerte porque no solo tiene el control de la Casa Blanca sino también del Tribunal Supremo y de muchas de las cortes federales. Eso le está permitiendo implementar todas las políticas y acciones que ha decidido en este primer año”.A nivel doméstico y con métodos mucho más agresivos que los que mostró en su primera Administración, Trump parece decidido a cambiar muchas de las reglas y formas -antes intocables- y dejar huella en la historia de Estados Unidos, todo en una delgada línea que empieza a costarle en aprobación.El uso de la Guardia Nacional como tenaza Todo empezó con la militarización en la frontera sur para impedir el cruce de migrantes, que, en efecto, ha disminuido en un 95 por ciento, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.Sin embargo, según expertos legales, esto podría constituir una violación de la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe que los soldados sean desplegados en el territorio nacional y utilizados para garantizar el orden público.Ante las críticas, la Casa Blanca dijo que solo se encargan de notificar la presencia de migrantes o criminales, mientras que las detenciones quedan a cargo de la Patrulla Fronteriza, excepto en territorios bajo la jurisdicción del Departamento de Guerra, que fueron transformados de facto en una base militar, y, por tanto, en un delito de invasión para quienes crucen por allí.