Juan Santos 
El 2 de noviembre, la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró a Vanity Fair que los ataques terrestres en Venezuela requerían la aprobación del Congreso. Añadió que si Trump “autorizara alguna actividad terrestre, eso sería una guerra y entonces (se necesitaría) al Congreso”.Días después, funcionarios del Gobierno de Trump dijeron en privado a miembros del Congreso prácticamente lo mismo: que carecían de justificación legal para respaldar ataques contra objetivos terrestres en Venezuela.
El Gobierno lanzó lo que Trump llamó un “ataque a gran escala contra Venezuela” y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, para que enfrente cargos en EE.UU. Y lanzó esa campaña para un cambio de régimen sin la aprobación del Congreso.(En noviembre, Trump afirmó que no necesitaba la autorización del Congreso para acciones terrestres, pero claramente no era la opinión común de todos en su Gobierno).Parece que la misión, por ahora, se limitó a derrocar a Maduro. Pero, como señaló Trump, la misma sí implicó un ataque dentro del país, la misma circunstancia que algunos miembros de la administración habían dicho previamente que requería una autorización de la que carecía. CNN informó a principios de noviembre que el Gobierno había solicitado una nueva opinión legal del Departamento de Justicia sobre tales ataques. Y Trump, en una conferencia de prensa este sábado, habló repetidamente no solo del arresto de Maduro, sino también de que administrará Venezuela y tomará el control de su petróleo. Esos comentarios sin duda podrían interpretarse como una sugerencia de que se trató de algo más que arrestar a Maduro.
