En una medida que apunta a reforzar la transparencia fiscal y la lucha contra la corrupción, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha puesto fin al cobro en efectivo de impuestos y tasas. A partir de ahora, todo ingreso público deberá canalizarse exclusivamente por vías bancarias. Esta decisión, aunque técnica en apariencia, encierra una dimensión profundamente política, ética y social.Durante décadas, el manejo del dinero público en efectivo ha sido terreno fértil para la opacidad. Entre sobres, pagos informales y gestiones fuera de control institucional, el Estado ha sido testigo (y a veces cómplice) de la fuga de recursos que nunca llegaron a su destino final: el bienestar ciudadano.Blindar los ingresos públicos no es simplemente una reforma administrativa. Es una declaración de principios: que el dinero del pueblo no puede seguir siendo una herramienta de enriquecimiento ilícito. En un país donde el discurso sobre la buena gobernanza empieza a calar con más fuerza, este paso representa una oportunidad para reconstruir la confianza entre ciudadanía e instituciones.Pero la voluntad no basta. Sin mecanismos de control independientes, sin auditorías públicas, sin participación ciudadana activa, la digitalización por sí sola no erradicará los viejos vicios. La banca también puede ser cómplice si no hay transparencia. Por eso, esta orden debe ir acompañada de una pedagogía fiscal y una cultura institucional basada en la rendición de cuentas.Cuidar el dinero público es cuidar el futuro. Pero ese futuro será colectivo solo si los ciudadanos dejan de ser espectadores y se convierten en garantes del cambio. La vigilancia no es solo responsabilidad del Estado. Es, sobre todo, un deber cívico.