En una era donde la salud global enfrenta desafíos cada vez más complejos, la reciente exhortación de la OMS a subir los impuestos a las bebidas azucaradas y alcohólicas no debería ser vista como una recomendación aislada, sino como un grito de alarma. Un grito que evidencia un problema estructural: nuestra incapacidad colectiva para poner la salud por encima del consumo.Durante décadas, el mercado ha promocionado y normalizado el acceso fácil a productos ultraprocesados, dulces y altamente adictivos, especialmente entre las clases populares. No es casual que los índices de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares aumenten de forma proporcional al crecimiento de estas industrias. La “dulzura” tiene un precio, y no es el que se paga en caja, sino el que se carga en hospitales y funerales.Los gobiernos han sido, en muchos casos, cómplices silenciosos. Las políticas fiscales han favorecido la industria alimentaria antes que la salud pública. Se subsidian los ingredientes dañinos y se penaliza poco o nada el impacto sanitario de los productos finales. La obesidad infantil, por ejemplo, ya no es una excepción, sino una tendencia en ascenso en muchos países de ingresos medios y bajos.Elevar los impuestos a las bebidas azucaradas y alcohólicas no es una medida impopular, es una medida necesaria. Como en el caso del tabaco, la fiscalidad puede ser una poderosa herramienta para disuadir el consumo y financiar programas de prevención. Pero más allá del impuesto, lo que está en juego es el modelo cultural: ¿qué valoramos más, el beneficio económico inmediato o el bienestar colectivo a largo plazo?Mientras las góndolas sigan siendo más baratas que las consultas médicas, seguiremos enfermando en masa. Es hora de despertar del letargo dulce y enfrentar las consecuencias amargas de nuestras decisiones políticas. Porque lo que hoy se disfraza de elección individual, mañana será una tragedia social.