Las elecciones legislativas previstas en Argelia para junio de 2026 llegan envueltas en una paradoja conocida: se trata de un ejercicio constitucionalmente necesario, pero políticamente poco movilizador. Lejos de generar debate o expectativas de cambio, el proceso parece destinado a reproducir un modelo institucional en el que el Parlamento continúa desempeñando un papel secundario frente a un Ejecutivo omnipresente.Serán las segundas legislativas bajo la presidencia de Abdelmadjid Tebboune, y todo apunta a que confirmarán una tendencia ya consolidada: fragmentación partidista, baja participación ciudadana y una Asamblea Popular Nacional con escasa capacidad real de incidencia en las grandes decisiones del Estado.El mapa político argelino exhibe una multiplicidad de partidos, listas independientes y alianzas coyunturales que, en apariencia, reflejan diversidad. Sin embargo, esta pluralidad no se traduce en un pluralismo efectivo. La dispersión de fuerzas, lejos de fortalecer el debate democrático, debilita al Legislativo y refuerza el control del Ejecutivo sobre la agenda política.En ausencia de bloques sólidos y de una oposición estructurada, el Parlamento se convierte en un espacio de representación simbólica más que en un verdadero foro de deliberación y control.El problema de fondo no es coyuntural, sino estructural. El sistema político argelino sigue marcado por un presidencialismo fuerte que reduce al Legislativo a un rol funcionalmente subordinado. La iniciativa legislativa, la orientación de las políticas públicas y la gestión de los grandes expedientes nacionales continúan concentradas en el Ejecutivo.Esta realidad plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta qué punto unas elecciones legislativas pueden fortalecer la democracia si el órgano elegido carece de autonomía efectiva?Otro elemento clave será, previsiblemente, la alta abstención electoral. Lejos de ser simple apatía, la no participación se ha convertido en una forma de expresión política silenciosa. Para amplios sectores de la población —especialmente jóvenes y clases urbanas—, votar no se percibe como un instrumento de cambio real, sino como un acto que legitima un sistema percibido como cerrado.Esta desconexión entre instituciones y ciudadanía erosiona la credibilidad del proceso electoral y debilita la legitimidad del Parlamento resultante.El discurso oficial insiste en las reformas legales y administrativas como prueba de apertura y modernización del sistema político. No obstante, la brecha entre la norma y su aplicación efectiva sigue siendo profunda. Sin garantías claras de competencia equitativa, libertad política y neutralidad institucional, las reformas corren el riesgo de quedarse en meros ajustes formales.La democracia no se consolida solo con leyes, sino con confianza. Y esa confianza sigue siendo el principal déficit del sistema.Las legislativas de junio de 2026 no serán decisivas por los nombres que entren en la Asamblea, sino por lo que revelen sobre el estado real del contrato político entre el poder y la sociedad argelina. Mientras el Parlamento no recupere centralidad, autonomía y credibilidad, seguirá siendo una institución necesaria, pero insuficiente.Porque una democracia no se mide únicamente por la regularidad de sus elecciones, sino por la capacidad de sus instituciones para representar, controlar y responder a la voluntad popular. En Argelia, ese sigue siendo el debate pendiente.