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El Gobierno de Ruanda ha presentado una demanda de arbitraje ante un tribunal de La Haya reclamando a Reino Unido el pago de cien millones de libras esterlinas (alrededor de 115 millones de euros) por la cancelación en 2024 de un acuerdo que contemplaba el envío al país de solicitantes de asilo llegados a territorio británico.
Kigali ha subrayado que el acuerdo entró en vigor el 25 de abril de 2024, poco antes de que Starmer asumiera el cargo y procediera a su anulación en julio de ese año. Lo hizo sin notificación previa a Ruanda, algo contrario al espíritu de asociación que caracterizó el Acuerdo de Migración y Desarrollo Económico (MEDP).
Reino Unido ha dejado claro sin embargo que no tiene intención de hacer nuevos pagos bajo el MEDP. También ha dejado claro que no tiene intención de honrar su compromiso de alcanzar un acuerdo para reubicar en Reino Unido a una parte de los refugiados más vulnerables a los que acoge Ruanda.
El acuerdo, suscrito en diciembre de 2024, fue firmado para solventar las dudas judiciales sobre el plan de Londres para la deportación de migrantes, garantizando por ejemplo que quienes sean reubicados a territorio ruandés no vayan a ser devueltos en ningún caso a su país de origen, una de las dudas planteadas por el Tribunal Supremo de Reino Unido.
