Juan Santos 
El debate en torno a la aplicación del seguro obligatorio de vehículos ha dejado al descubierto una cuestión mucho más profunda que una simple norma administrativa: ¿quién legisla realmente en Guinea Ecuatorial y quién ejecuta las decisiones del Estado? La controversia no es menor, porque mientras el Parlamento Nacional ha manifestado que la orden no debe aplicarse, alegando la inexistencia de talleres capacitados y condiciones técnicas adecuadas, las sanciones ya se están imponiendo desde la Dirección General de Tráfico.
Esta situación plantea una contradicción institucional preocupante. Si el órgano legislativo del país —teóricamente encargado de debatir, aprobar y supervisar las leyes— advierte de la inviabilidad de una medida, ¿cómo se explica que la administración proceda a sancionar como si ese pronunciamiento no existiera? La respuesta, incómoda pero necesaria, remite a una percepción cada vez más extendida en la sociedad ecuatoguineana: el Parlamento corre el riesgo de convertirse en una simple formalidad dentro del engranaje del poder.
El problema no reside en la necesidad del seguro obligatorio, una medida común en muchos países y justificada desde el punto de vista de la seguridad vial y la protección de terceros. El verdadero conflicto surge cuando la ejecución precede al consenso, cuando se castiga al ciudadano antes de crear las condiciones para cumplir la norma, y cuando las instituciones parecen hablar lenguajes distintos.
Que el Parlamento pida prudencia y que, simultáneamente, la Dirección General de Tráfico imponga multas, revela una fractura en la arquitectura del Estado. O bien el Parlamento carece de capacidad real para influir en las decisiones públicas, o bien sus resoluciones son ignoradas sin consecuencias. En ambos casos, el mensaje es demoledor para la credibilidad institucional.
Más grave aún es el impacto social de esta descoordinación. El ciudadano se encuentra atrapado entre una ley cuestionada y una sanción incuestionable, sin saber a quién reclamar ni qué autoridad prevalece. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, se refuerza la percepción de arbitrariedad y se alimenta la desconfianza hacia las instituciones.
La pregunta, por tanto, no es solo si el seguro obligatorio debe aplicarse, sino cómo se gobierna. Un Estado funcional requiere reglas claras, competencias definidas y respeto entre poderes. Cuando legislar y ejecutar parecen actos desconectados, el Parlamento pierde peso político y la administración gana un poder discrecional que debería ser objeto de control.
Guinea Ecuatorial se enfrenta así a un dilema institucional que va más allá del tráfico rodado: o se refuerza el papel del Parlamento como órgano real de decisión y fiscalización, o se acepta abiertamente que legislar es un trámite y gobernar, un acto unilateral. En ese punto, la legalidad deja de ser un marco común y pasa a ser una herramienta selectiva.
Porque en un Estado moderno, no basta con imponer normas: hay que legitimarlas, explicarlas y hacerlas viables. Todo lo demás es ruido institucional… y factura social.
