Cuando las tierras de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), cedieron bajo el peso de la lluvia y la precariedad acumulada, no solo se vino abajo una colina mineral: se desplomó el frágil sostén de miles de vidas. La cifra, cada vez más dolorosa —estimada en más de 300 a 400 fallecidos según reportes locales— convierte este desastre en uno de los peores del mundo en décadas, y en un símbolo de la violencia estructural que acompaña a la extracción de recursos en el corazón de África. Las víctimas, hombres y mujeres que cavaban de sol a sol, y niños cuyas manos apenas sostienen herramientas, no murieron por accidente. Murieron dentro de un sistema que privilegia el consumo tecnológico global y desprecia la vida humana en su punto de origen. Este no es sólo un accidente; es la consecuencia directa de políticas fallidas, ausencia del Estado, control armado de territorios y una economía mundial que tolera —y en ocasiones fomenta— la explotación. Rubaya y sus minas de coltán están bajo el control del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), que se financia parcial o totalmente con la extracción y venta de minerales. En un país rico en recursos estratégicos —la RDC posee cerca del 80 % de las reservas mundiales de coltan y la mayoría de otros minerales clave—, resulta irónico y trágico que gran parte de la población viva en condiciones que ni siquiera garantizan la supervivencia diaria. La minería artesanal e informal —donde los trabajadores labran túneles a mano en condiciones que cualquier reglamento laboral calificaría de inhumanas— no es una elección, sino una necesidad económica. Para muchos, la alternativa es morir de hambre. Esa necesidad atrapa a niños y niñas que abandonan la escuela y se exponen a peligros que ningún adulto debería enfrentar. Mientras en los países occidentales se discute con entusiasmo sobre nuevos modelos de teléfonos, la llegada del 5G o los avances en inteligencia artificial, pocos se preguntan de quiénes están hechos esos aparatos. Mineros sin contrato, sin casco, sin seguro, trabajan en condiciones que violan los derechos humanos básicos. Cuerpos rotos, enfermedades respiratorias, accidentes mortales y la continua exposición a sustancias tóxicas son el pan de cada día de miles de trabajadores, incluidos menores de edad. Este desastre, que debería escandalizar a cualquier sociedad que presume de valores democráticos y respeto por la vida humana, nos obliga a confrontar una verdad incómoda: la tecnología que celebramos está teñida con la sangre de los más vulnerables. No es una metáfora; es una consecuencia directa de cómo se organiza la producción global.Las empresas tecnológicas, los gobiernos que consumen estos minerales y los propios consumidores compartimos una responsabilidad ética que no puede seguir ignorándose. Los sistemas de trazabilidad y certificación que existen en teoría para garantizar la “mineración responsable” han demostrado ser insuficientes ante las realidades de contrabando, corrupción y falta de voluntad política tanto en los países consumidores como en los productores. Por su parte, el Estado congoleño no ha sido capaz de imponer una regulación efectiva que proteja a sus ciudadanos —y en algunos casos incluso ha facilitado abusos en aras del desarrollo económico—. Esto deja un vacío de poder que grupos armados no institucionales explotan para su propio beneficio económico, reproduciendo así el ciclo de violencia y pobreza. No podemos permitirnos normalizar tragedias como la de Rubaya como meros “accidentes” dentro de la minería artesanal. Cada vida perdida en esas minas debería sacudir nuestra consciencia y cuestionar el modelo de consumo que hemos adoptado. La búsqueda de avance tecnológico no puede —ni debe— seguir descansando sobre la explotación y la muerte de quienes no tienen voz en la mesa global.Al final, la pregunta que deberíamos hacernos no es cuánto están dispuestos a pagar por el último modelo de smartphone, sino cuánto estamos dispuestos a exigir para que nadie muera por fabricar lo que consumimos.Rubaya nos grita, desde las tierras derrumbadas del Congo, una verdad que no podemos seguir ignorando: el progreso tecnológico no puede construirse sobre la vulnerabilidad humana.