En Guinea Ecuatorial el fútbol siempre ha sido algo más que un deporte. Es celebración colectiva, identidad barrial, orgullo nacional. Es el niño que corre descalzo detrás de un balón improvisado y el adulto que olvida, por noventa minutos, las tensiones cotidianas del país. Por eso, cuando la crisis llega a la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT), no estamos ante un simple desacuerdo administrativo: estamos ante una fractura que golpea directamente al tejido social.El reciente anuncio de un grupo mayoritario de miembros de la Asamblea General —el órgano supremo de la Federación— de no asistir a la Asamblea General Extraordinaria convocada por la directiva no es un gesto menor ni un simple pulso político. Es, en realidad, una señal de alarma institucional. Cuando quienes deben garantizar la gobernanza del fútbol cuestionan la legitimidad jurídica de una convocatoria, lo que está en juego no es solo una reunión: es la credibilidad de todo el sistema.La discusión ya no gira en torno a quién preside o quién firma las actas. El problema es más profundo: ¿se respetan los estatutos? ¿se garantizan los procedimientos? ¿existe transparencia en la toma de decisiones? Si estas preguntas no encuentran respuestas claras, el deporte se convierte en rehén de disputas internas y el balón deja de rodar por méritos deportivos para hacerlo por intereses burocráticos.El fútbol ecuatoguineano arrastra desde hace años una contradicción persistente. Por un lado, aspira a profesionalizarse, a ganar presencia internacional y a competir con dignidad en África. Por otro, tropieza una y otra vez con conflictos de gobernanza, recursos mal gestionados y luchas de poder que terminan debilitando las estructuras. No se puede construir excelencia deportiva sobre cimientos institucionales frágiles.Cada crisis en la FEGUIFUT tiene consecuencias que van mucho más allá de los despachos. Los clubes se paralizan, los campeonatos se desorganizan, los árbitros y técnicos trabajan en la incertidumbre y los jóvenes talentos pierden oportunidades de desarrollo. Mientras los dirigentes discuten legitimidades, los futbolistas esperan calendarios, pagos y estabilidad. Y cuando la estructura falla, el talento se fuga o se frustra.Hay algo especialmente preocupante en este escenario: la normalización del conflicto. Como si las disputas internas fueran parte inevitable del paisaje federativo. Como si fuera aceptable que cada proceso electoral o cada asamblea termine en recursos, impugnaciones y boicots. Esa cultura del enfrentamiento permanente erosiona la confianza de los clubes, de los patrocinadores y, sobre todo, de la afición.El deporte, por definición, debería enseñar reglas claras, juego limpio y respeto a los resultados. Resulta paradójico que quienes administran el fútbol no siempre apliquen esos mismos principios fuera del terreno de juego. Una federación no puede exigir disciplina a los equipos si ella misma opera en la ambigüedad jurídica.Este momento exige algo más que comunicados y acusaciones cruzadas. Exige madurez institucional. Si existen recursos pendientes o dudas legales, deben resolverse antes de convocar órganos decisivos. Si hay desacuerdos, deben canalizarse con diálogo y mecanismos estatutarios, no con imposiciones. Y si la legitimidad está en cuestión, la única salida responsable es la transparencia total.El fútbol ecuatoguineano no puede seguir atrapado en disputas de poder que nadie fuera del círculo directivo comprende. El país necesita una federación que gestione, no que confronte; que planifique, no que improvise; que una, no que divida.Porque al final, el verdadero perdedor de estas crisis no es un dirigente ni una facción. Es el niño que sueña con vestir la camiseta nacional. Es el club humilde que lucha por sobrevivir. Es la afición que solo quiere volver a celebrar goles, no leer comunicados jurídicos.El fútbol debería resolverse en la cancha. Todo lo demás es un autogol institucional.