Juan Santos 
Trump impuso amparándose en la IEEPA sobre casi todos sus socios comerciales, con un piso mínimo del 10%, justificados como una corrección de supuestas desigualdades en las relaciones. Esos incluyen los aumentos de hasta un 50% a Brasil e India (en represalias por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente), el 25% aplicado a ciertas importaciones de Canadá y México y el 10% a China que la Casa Blanca vinculó a la supuesta insuficiencia de acciones contra el tráfico de fentanilo y otras drogas.Sin embargo, el fallo no afecta los aranceles sobre el acero, el aluminio ni otras tarifas adoptadas bajo otras leyes comerciales y de seguridad, a las que podría recurrir para tratar de sostener los gravámenes anulados por la sentencia del máximo tribunal.Dos de las principales alternativas, que Trump ya ha utilizado para aplicar aranceles, son la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.En el primer caso, se aplica para castigar a países a los que Estados Unidos acusa de incurrir en prácticas comerciales «injustificables», «irracionales» o «discriminatorias» y ha sido la punta de lanza de Trump contra China. Y el segundo contempla las tarifas a importaciones que considera una amenaza para la seguridad nacional.Para aplicar cualquiera de esas herramientas, de todas maneras, la Casa Blanca debe llevar a cabo una investigación y, en general, celebrar una audiencia pública.»No es que los aranceles vayan a desaparecer. Simplemente estarán bajo un paraguas diferente», afirmó a la prensa, codirector del departamento de arbitraje global, comercio y defensa de Sidley Austin.No obstante, el revés del Supremo –de mayoría conservadora y habitualmente favorable al republicano– envía un mensaje claro: esas facultades tendrán que ejercerse dentro de límites concretos y sin que las leyes sean un pretexto para saltarse al Congreso en la redefinición de la política arancelaria.
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