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El proyecto surge a raíz del compromiso asumido por el presidente Paul Biya durante su toma de posesión el 6 de noviembre de 2025, cuando destacó la necesidad de adaptar las instituciones del país a los nuevos desafíos. Según las autoridades, se trata de una reforma institucional de gran envergadura que requerirá la revisión de varios artículos de la Constitución vigente. Entre los artículos afectados se encuentran los artículos 5, 6, 7, 10, 53 y 66, que se ajustarán para incorporar los estatutos del vicepresidente, así como los procedimientos para la toma de posesión y la sucesión del vicepresidente.
Entre los aspectos clave de la reforma se incluye el nombramiento del vicepresidente por parte del presidente, quien conserva la facultad de destituirlo en cualquier momento. El vicepresidente ejercerá las atribuciones delegadas por el presidente y su mandato coincidirá con el del presidente en funciones.
En caso de vacante en la presidencia, el vicepresidente completará el mandato tras prestar juramento. Asimismo, será responsable de nombrar a un vicepresidente para que lo asista en sus funciones.
Si el vicepresidente no pudiera desempeñar sus funciones, se celebrarán elecciones para elegir a un nuevo presidente, y el presidente del Senado actuará como presidente interino.
