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La ONG Acción contra el Hambre ha alertado este miércoles de que dos de cada tres personas que sufren hambre extrema en el mundo se concentran en diez países y ha denunciado la situación especialmente preocupante que se vive en zonas como Malí, Níger y la Franja de Gaza.
Por Andrés-M. Moro
Ekos de Noticias.
Mientras el mundo produce alimentos suficientes para toda la población, el hambre sigue avanzando allí donde confluyen los conflictos, los desplazamientos forzosos, la pobreza extrema y los recortes de financiación humanitaria.
En un informe, la ONG ha analizado las crisis alimentarias de Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán, Yemen, Afganistán, Birmania, Bangladesh, Pakistán, Sudán del Sur y Siria, al tiempo que ha señalado tres lugares de especial preocupación: Malí, Níger y Gaza dada la gravedad de sus crisis alimentarias y el elevado riesgo de hambruna.
Los datos muestran además que las crisis alimentarias se están cronificando. Más del 80% de las personas en fase 3 o superior de inseguridad alimentaria aguda vive en 33 países y territorios que aparecen repetidamente en los informes sobre crisis alimentarias. Además, 1,4 millones de personas llegaron en 2025 a la fase 5, etiquetada como de catástrofe, el nivel más extremo de inseguridad alimentaria, nueve veces más que las 155.000 registradas en 2016.
La organización recuerda además que 2.690 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable, una realidad que demuestra que el desafío no es solo comer, sino acceder de forma estable a alimentos nutritivos y adecuados.
El informe muestra que detrás de las crisis alimentarias más graves no existe una única causa.
Los conflictos y desplazamientos se combinan con fenómenos climáticos extremos, epidemias, pérdida de medios de vida, aumento de precios, deterioro de los servicios básicos y dificultades para hacer llegar la ayuda humanitaria, recoge el documento.
Es por ello que desde Acción contra el Hambre piden garantizar el acceso humanitario y la protección de la población civil, reforzar los sistemas de alerta temprana y de información sobre seguridad alimentaria y asegurar una financiación flexible, predecible, plurianual y multisectorial, que permita no solo responder a las emergencias, sino evitar que estas se conviertan en crisis recurrentes.
