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Casi 177 millones de dólares destinados a programas internacionales de derechos humanos se están desviando para financiar causas conservadoras, desde la protección de los cristianos en Nigeria hasta la defensa de los afrikáneres en Sudáfrica.
Detrás de esta reorientación, la administración estadounidense está redefiniendo sus prioridades diplomáticas y exacerbando las tensiones con sus socios.
Por Andrés-M. Moro
Ekos de Noticias.
En Washington, una controversia presupuestaria revela la evolución de la diplomacia estadounidense bajo el mandato de Donald Trump.
El problema va más allá del monto de las subvenciones. Estos fondos provienen del Fondo para los Derechos Humanos y la Democracia, un mecanismo financiado por el Congreso para apoyar a defensores de los derechos humanos, víctimas de persecución y el desarrollo democrático.
La selección revelada refleja un cambio de prioridades: la promoción de las libertades se combina ahora con la lucha contra el comunismo, la impugnación de ciertas políticas migratorias y la defensa de los llamados valores de la civilización occidental.
La mayor subvención, estimada en 40 millones de dólares, está destinada a un consorcio liderado por la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo. Otros programas se centran en la libertad de expresión en Europa, la impugnación de decisiones del Tribunal Supremo brasileño y la defensa de las comunidades cristianas en Nigeria.
El Departamento de Estado afirma que sus programas europeos están diseñados específicamente para promover las libertades políticas y la soberanía de los aliados de Estados Unidos.
África un campo de batalla para la diplomacia selectiva.
Nigeria y Sudáfrica ilustran dos dimensiones de esta estrategia. En Nigeria, Washington planea financiar redes de alerta temprana para proteger a los cristianos amenazados. Esta iniciativa refleja la preocupación expresada por Donald Trump sobre la violencia dirigida contra las comunidades cristianas.
Sin embargo, la situación de seguridad en Nigeria sigue siendo compleja: la violencia afecta a diferentes comunidades y se origina en múltiples dinámicas, incluyendo insurgencias armadas, conflictos locales y bandidaje.
Por lo tanto, una política eficaz requiere una evaluación precisa de las amenazas y las poblaciones afectadas.
En Sudáfrica, se han destinado fondos para apoyar a una organización que defiende los derechos de los afrikáneres blancos. Esta decisión se produce en medio de las persistentes tensiones entre Washington y Pretoria sobre las políticas de acción afirmativa, las relaciones raciales y la situación de la minoría afrikáner.
La administración Trump también ha intensificado sus iniciativas de apoyo a esta comunidad, en particular mediante un programa para reasentar a refugiados sudafricanos en Estados Unidos. La financiación forma parte, por lo tanto, de una disputa diplomática más amplia, donde la cuestión de los derechos de las minorías se entrelaza con desacuerdos sobre la política interna sudafricana.
El poder blando estadounidense está cambiando su doctrina.
La reasignación de fondos revela una concepción particular del poder blando: influir en sociedades extranjeras no solo a través de la ayuda al desarrollo o las relaciones institucionales, sino también apoyando a organizaciones que defienden posiciones ideológicas compatibles con las de la administración estadounidense.
Este enfoque plantea una cuestión de coherencia. ¿Puede un programa presentarse como una política universal de derechos humanos cuando los beneficiarios se seleccionan según criterios ideológicos explícitos? El riesgo es que un instrumento bipartidista para promover la democracia se transforme en una palanca para apoyar movimientos conservadores en países que, de otro modo, serían democráticos.
El Senado denunció la administración Trump sobre el uso de los fondos por considerarlo alejado de su propósito original y susceptible de dañar las relaciones con los aliados.
¿Cuáles son las consecuencias para los socios africanos? Para los gobiernos africanos, esta evolución exige distinguir entre cooperación bilateral y alineación ideológica.
La financiación estadounidense puede respaldar iniciativas útiles, especialmente en la protección de poblaciones vulnerables y la libertad de expresión. Sin embargo, sus objetivos, beneficiarios y mecanismos de supervisión deben ser examinados con transparencia. Este tema reviste especial interés para los estados de África Central, donde las alianzas con Washington abarcan la seguridad, los recursos naturales, la gobernanza y el desarrollo económico.
La ayuda dirigida a comunidades u organizaciones específicas puede tener efectos locales, pero también puede generar interrogantes políticos si se percibe como una injerencia en los debates nacionales.
Por lo tanto, la cuestión estratégica no reside únicamente en quién recibe la financiación estadounidense, sino también en qué visión del orden político internacional contribuye a promover dicha financiación. Bajo la presidencia de Donald Trump, la defensa de los derechos humanos tiende a vincularse más explícitamente con una interpretación conservadora de los valores occidentales.
Para África, el reto consistirá en preservar su margen de decisión, evaluar los beneficios concretos de estas alianzas y garantizar que la cooperación internacional no sustituya las decisiones soberanas de las sociedades involucradas.
