Bruselas y Rabat han sellado un nuevo acuerdo que amplía las ventajas arancelarias al Sáhara Occidental, aplicándose desde el pasado 3 de octubre y pendiente de formalizarse en los próximos meses. El pacto, presentado como una extensión del trato preferencial ya vigente entre la Unión Europea y Marruecos, garantiza la continuidad de las exportaciones marroquíes y consolida su presencia en los mercados europeos, mientras los agricultores españoles siguen soportando la carga de las restricciones fitosanitarias, los controles laborales y los costes de la lucha biológica contra plagas como la araña roja o el parvispinus.El responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha denunciado “la falta de transparencia” y “la ilegalidad” del pacto, asegurando que “constituye una violación del derecho internacional” al incluir un territorio no autónomo sin consultar a sus representantes legítimos. “Nos reservamos emprender acciones legales contra la Comisión Europea”, ha advertido, y ha subrayado el “impacto devastador” que este acuerdo puede tener sobre el sector hortofrutícola europeo y el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro.