Juan Santos 
Libreville –*La reciente exigencia del Gobierno gabonés de que los ministros que han sido elegidos diputados presenten su dimisión de uno de los dos cargos antes del 17 de noviembre ha reavivado el debate sobre la separación efectiva de poderes en el país. La medida, anunciada oficialmente esta semana, apunta a resolver una incompatibilidad legal largamente criticada tanto por la oposición como por la sociedad civil.Desde las elecciones legislativas, varios miembros del Ejecutivo han logrado escaños en la Asamblea Nacional, lo que los coloca en una posición doble: ejercer el poder ejecutivo mientras también deberían representar al pueblo en el legislativo. Aunque legalmente posible, la dualidad de funciones plantea un evidente conflicto de intereses y pone en duda el compromiso de Gabón con una democracia equilibrada y funcional.La encrucijada no es solo legal, sino ética: ¿puede alguien legislar con independencia mientras sigue subordinado a la disciplina del Gobierno? Expertos constitucionales y organizaciones de la sociedad civil exigen claridad, transparencia y un verdadero respeto a la división de poderes como pilar del Estado de derecho.Mientras se acerca la fecha límite, se espera que los ministros afectados anuncien su decisión. Lo que está en juego no es solo su futuro político inmediato, sino la credibilidad de las instituciones gabonesas y su compromiso con una gobernabilidad democrática real.
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