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La Unión Europea(UE) busca nuevas bases para expulsar de su territorio a los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido rechazadas. Amnistía Internacional advierte sobre los riesgos de detención arbitraria, malos tratos y repatriaciones forzadas. Detrás del debate jurídico, emerge una nueva geografía de la política migratoria europea.
Por Andrés-M. Moro
Ekos de Noticias.
¿Quiere Europa trasladar su frontera migratoria al corazón de África? Esta es una de las preguntas que plantean los proyectos de centros de retorno impulsados por cinco Estados miembros: Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos. Reunidos en Copenhague, los cinco países decidieron continuar sus esfuerzos para crear instalaciones fuera de la Unión Europea que alojen a personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o que deban ser expulsadas del territorio europeo. El objetivo declarado es alcanzar un acuerdo con un país socio y poner en marcha la primera instalación para 2027.
Sin embargo, aún no se ha designado oficialmente ningún país de acogida. No obstante, según varias fuentes europeas, las conversaciones con Ruanda y Uganda se encuentran en una fase particularmente avanzada. Incluso se menciona en la prensa un proyecto ugandés con capacidad para albergar hasta 10.000 personas. Estos detalles aún no han sido confirmados oficialmente por Kampala.
Amnistía Internacional teme una externalización de los derechos.
Dos días antes de la reunión de Copenhague, Amnistía Internacional instó a los gobiernos europeos a abandonar estos proyectos.
La organización argumenta que ubicar estos centros fuera de la UE conlleva riesgos significativos: detención arbitraria, tortura, tratos inhumanos o degradantes, devolución forzosa y acceso insuficiente a recursos legales. Amnistía Internacional señala específicamente a Ruanda y Uganda, recordando su historial en materia de derechos humanos. Respecto a Ruanda, destaca que el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó en 2023 que el país no podía considerarse un tercer país seguro para el traslado forzoso de solicitantes de asilo en el marco del proyecto británico, ahora abandonado. El marco jurídico europeo aún está en desarrollo. El nuevo reglamento de retorno permite la celebración de este tipo de acuerdos con terceros países, pero exige que estos respeten las normas y principios internacionales de derechos humanos.
Ruanda y Uganda: el regreso de la «rontera externalizada
El proyecto revela principalmente un cambio estratégico. Tras el acuerdo entre Italia y Albania, que ya había trasladado parte del procesamiento de solicitudes de asilo fuera de Italia, varios gobiernos europeos buscan ahora externalizar aún más la gestión de las solicitudes de asilo rechazadas.
Para los países africanos implicados, este desarrollo abre la posibilidad de negociación: financiación, cooperación económica, asistencia técnica o acuerdos políticos pueden acompañar a estos acuerdos. Pero también plantea una cuestión de soberanía: ¿hasta qué punto puede un Estado africano convertirse en la interfaz operativa de una política migratoria europea? Por lo tanto, la cuestión va más allá del mero control de fronteras. Aborda la dinámica de poder entre Europa y África, en un contexto en el que la UE busca aumentar los retornos, mientras que varios países africanos ya se encuentran entre los principales países de acogida de refugiados y desplazados.
Un precedente que va más allá de Ruanda y Uganda.
El debate dista mucho de haber concluido. Los detalles operativos, las garantías legales, las condiciones de detención, la duración de las estancias y la responsabilidad en caso de violaciones de derechos siguen estando en gran medida sin definir. La cuestión central ahora es la siguiente: ¿puede Europa externalizar sus procedimientos de retorno sin externalizar también sus obligaciones legales y humanitarias? Para África, la elección es igualmente estratégica: convertirse en socio de la nueva arquitectura migratoria europea o negarse a ser su periferia operativa.
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