Al sancionar a la Corte Penal Internacional y prometer desmantelarla si continúa sus acciones contra ciudadanos estadounidenses o sus aliados, la administración Trump abre un nuevo frente con una institución central del orden jurídico internacional. El momento de este enfrentamiento, que coincide con la entrega del Pre
mio Nobel de la Paz a Navi Pillay, le confiere una particular relevancia política y simbólica.
El mensaje de Washington es ahora explícito. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que la administración Trump acusa de amenazar los intereses estadounidenses y los de sus aliados.
Esta declaración va más allá de un simple desafío legal.
Refleja el deseo de ejercer influencia directa sobre el funcionamiento de una institución que Estados Unidos nunca ha reconocido como jurisdicción a la que está sujeto. Washington e Israel no son partes del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, que cuenta con 125 Estados miembros.
La disputa se ha intensificado considerablemente desde noviembre de 2024, cuando la Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Para Washington, esta decisión ilustra los riesgos de una jurisdicción que, a su juicio, podría ejercer sus poderes más allá de su ámbito legítimo.
Sin embargo, la estrategia estadounidense ya no se limita a la crítica.
Jueces y fiscales de la CPI ya han sido objeto de sanciones estadounidenses.
La nueva ofensiva busca ahora ejercer presión colectiva sobre los Estados Partes para limitar las acciones de la Corte. Aquí radica la importancia geopolítica.
Por lo tanto, una presión estadounidense prolongada podría socavar la capacidad operativa de la Corte más que su legitimidad jurídica.
La dimensión africana es particularmente delicada.
África ha desempeñado un papel significativo en el desarrollo y funcionamiento de la justicia penal internacional, y varios líderes africanos han sido procesados ante la CPI.
La concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, exjueza de la Corte y figura sudafricana destacada en la justicia internacional, se produce precisamente en un momento en que este sistema está siendo cuestionado por la principal potencia mundial.
La paradoja es sorprendente: justo cuando una figura africana en la justicia internacional es premiada por su lucha por la rendición de cuentas penal, Washington amenaza la institución a la que ella contribuyó. Más allá del enfrentamiento entre Trump y Rubio en torno a la CPI, surge una pregunta más fundamental: ¿ puede la justicia penal internacional ejercer una autoridad creíble cuando las grandes potencias se niegan a someterse a las mismas reglas? La respuesta determinará, en parte, el futuro del orden jurídico internacional.