París considera que los centros de retorno son ineficaces y contrarios a sus valores, mientras que Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y los Países Bajos siguen adelante con Ruanda. Detrás de este desacuerdo subyace una división europea sobre la externalización de las deportaciones y una cuestión fundamental: ¿debería África convertirse en el vertedero europeo de la migración?
Por: Andrés-Mauel Moro
Ekos de Noticias.
El proyecto europeo de migración ya está adquiriendo tintes de tira y afloja político. Apenas cinco países de la Unión Europea habían anunciado, el 16 de noviembre, su intención de explorar con Ruanda la creación de un centro de retorno para migrantes irregulares cuando Francia cerró claramente la puerta. París no participará en la iniciativa, y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés acaba de aclarar los motivos: ineficiencia operativa e incompatibilidad con los valores que Francia pretende defender.
Europa dividida en materia de externalización.
El desacuerdo es ahora explícito. Por un lado, Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos quieren poner en marcha un programa piloto con Ruanda. Por otro, Francia se niega a participar. Además, abogó por la exclusión de la financiación europea.
La aparente unidad en el endurecimiento de la política migratoria comienza así a desmoronarse en cuanto llega la hora de la implementación concreta.
Kigali, socio en una política controvertida
El mecanismo propuesto tiene como objetivo acoger a personas sin derecho de residencia legal en los cinco países participantes que estén sujetas a órdenes de retorno ejecutables. Se prevé que los primeros traslados se realicen en 2027. Se espera que el proyecto piloto acoja a aproximadamente cien personas a la vez. Sin embargo, los detalles precisos, las condiciones de acogida y los costos aún están por negociarse. Para Kigali, la iniciativa representa una nueva oportunidad para fortalecer su posición diplomática con las capitales europeas.
El precedente británico: una seria advertencia
Esta no es la primera experiencia de Ruanda con este tipo de acuerdo. El Tribunal Supremo británico declaró ilegal este acuerdo en noviembre de 2023, al considerar que existía un riesgo real de devolución a países donde las personas afectadas podrían sufrir persecución.
Los defensores del proyecto europeo sostienen que su enfoque es diferente: las solicitudes de asilo no se procesarían en Ruanda. Sin embargo, esta distinción no exime a los Estados participantes de garantizar la seguridad de los traslados y el respeto de los derechos fundamentales.
La Comisión Africana está dando la voz de alarma.
El debate ahora trasciende las capitales europeas. En una declaración publicada el 19 de noviembre, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos expresó su preocupación por las negociaciones entre Ruanda y los cinco Estados europeos. Esta postura antepone las responsabilidades de los Estados africanos a las suyas. La externalización de las políticas migratorias europeas no puede reducirse a una transacción diplomática o financiera.
¿África, la nueva frontera para las deportaciones europeas?
La postura francesa, por lo tanto, no pone fin al proyecto. Más bien, revela dos enfoques dentro de Europa: uno que busca poner a prueba los mecanismos de retorno externalizados, y otro que los considera ineficaces y contrarios a sus principios. Para los cinco países que colaboran con Ruanda, la cuestión también es política: enviar una señal disuasoria a quienes contemplan la migración irregular. Para Ruanda, se trata de consolidar una alianza estratégica con los estados europeos. Para África, el riesgo es que proliferen los acuerdos bilaterales negociados caso por caso, sin un debate continental suficientemente profundo. Queda una pregunta: en nombre de la cooperación migratoria, ¿hasta qué punto están dispuestos los estados africanos a asumir las consecuencias de las políticas europeas?