Juan Santos 
Un desaire que trasciende lo administrativo_
El reciente anuncio del gobierno español de eximir de visado a ocho países africanos —Botswana, Namibia, Eswatini, Lesoto, Mauricio, Seychelles, Cabo Verde y Ruanda— ha dejado una ausencia que resuena como un silencio ensordecedor: Guinea Ecuatorial. La única nación del continente donde el español es lengua oficial, el único territorio que fue colonia española en África Subsahariana, ha sido deliberadamente excluida. España no ha ofrecido explicación oficial alguna. Y ese silencio es, quizá, la respuesta más elocuente sobre el verdadero estado de unas relaciones que la historia debería haber convertido en ejemplares.
El peso de una historia compartida y desatendida.
La relación entre España y Guinea Ecuatorial no es un vínculo cualquiera. Durante más de un siglo, Madrid y Malabo tejieron una red de relaciones que, con el paso del tiempo, se han ido enfriando hasta rozar la indiferencia. El español no es un idioma importado; es un legado vivo: toda la población ecuatoguineana lo utiliza de forma habitual. La influencia cultural es tan profunda que el Código Civil español reduce de 10 a 2 años el plazo para que los ecuatoguineanos soliciten la nacionalidad, un privilegio que comparten con los países iberoamericanos y que debería ser el reconocimiento explícito de un vínculo especial.Sin embargo, en la península, este legado apenas ocupa espacio en el imaginario colectivo. Esa indiferencia no es casual. Es la manifestación de una política exterior que ha preferido mirar hacia otro lado, desatendiendo a quien, por historia y cultura, debería ser su principal socio en África. Mientras Argentina, Colombia, México o Perú disfrutan de la exención de visado, la única nación africana hispanohablante es tratada con un desdén que, para muchos observadores, roza el racismo institucionalizado
.El laberinto europeo: una excusa técnica que no convence_
Es cierto que la política de exención de visados para estancias cortas (espacio Schengen) no es una decisión unilateral de España, sino que se negocia a nivel de la Unión Europea. Para ser incluido en la lista de países exentos, se exige el cumplimiento de estrictos criterios en materia de control migratorio, seguridad documental, gestión de fronteras y medidas anticorrupción.Pero esta explicación técnica, la única que se esgrime para justificar la exclusión, es extraordinariamente cuestionable por varias razones:· En primer lugar, porque la UE ha demostrado una flexibilidad notable con otros países cuyos regímenes políticos son igualmente cuestionables o cuyos índices de corrupción son similares. Si Seychelles o Mauricio cumplen los criterios, ¿qué impide que Guinea Ecuatorial, con sus recursos y su población reducida, también lo haga?·
En segundo lugar, porque la tasa de aprobación de visado Schengen en la embajada española en Malabo fue de aproximadamente el 58% en 2023, una cifra que refleja una percepción de riesgo migratorio que no se corresponde con la realidad demográfica del país.· En tercer lugar, porque el propio embajador de España en Malabo alertó en 2019 sobre el aumento de estafas en la solicitud de visados, un incidente que alimentó la desconfianza y reforzó la percepción de que Guinea Ecuatorial presenta un «riesgo» desde el punto de vista migratorio.
La hipocresía del interés económico_
La paradoja más hiriente de esta exclusión es que, mientras se cierran las puertas a los ciudadanos, se abren de par en par los brazos a los negocios. España es, junto con Estados Unidos, el principal proveedor de mercancías a Guinea Ecuatorial. Las empresas españolas tienen intereses importantes en el país centroafricano, especialmente en el sector energético. Guinea Ecuatorial es un área estratégica de abastecimiento de energía que atrae el interés de potencias como China, India o Corea del Sur.Mientras tanto, la diplomacia española ha sido descrita como de «cuasi desaparición» en el país, un espacio que ha ido ocupando la diplomacia francesa. España ha reducido drásticamente su cooperación al desarrollo desde 2007, dejando de ser el principal donante. Esta paradoja es insostenible: se cobran los beneficios económicos, pero se niega la reciprocidad en la movilidad. Se extrae el petróleo, se venden mercancías, pero se cierran las puertas a las personas. Esa es la lógica de una relación colonial que no ha sido superada, sino simplemente disfrazada bajo la apariencia de la indiferencia.
Un castigo al pueblo, no al régimen_
Es innegable que Guinea Ecuatorial está gobernada desde 1979 por Teodoro Obiang, al mando de un régimen que España considera corrupto y represor. Esta realidad es condenada sin ambages por la prensa española en cada instante, como si la corrupción del país hibérico no fuese suficientemente vista. Sin embargo, la exclusión del visado no es una sanción diplomática; es una medida que afecta a la ciudadanía, no al gobierno. Castigar al pueblo ecuatoguineano por los pecados de su régimen es una torpeza moral y diplomática que solo profundiza el distanciamiento. El presidente Obiang lo ha expresado con claridad: «Guinea Ecuatorial no tiene mucha población.
Yo creo que deberíamos suprimir los visados (…) es una dificultad que tenemos que resolver entre los gobiernos, porque somos países con una misma identidad cultural». Sus palabras, vengan de quien vengan, contienen una verdad incómoda: la exclusión dice a los ciudadanos ecuatoguineanos que no son bienvenidos. A pesar de compartir idioma, historia y herencia cultural, se les trata como extranjeros de tercera categoría, mientras se abren las puertas a naciones sin ese vínculo.El silencio Cómplice España ni Guinea Ecuatorial han ofrecido explicaciones sobre los motivos de esta exclusión.
Ese silencio compartido es revelador: para Madrid, Guinea Ecuatorial no es un socio, sino un problema. Para Malabo, quizá, la reclamación no ha sido lo suficientemente firme. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con indiferencia cómo se debilita el único puente hispanohablante entre Europa y África.Si España quiere realmente influir en la democratización de Guinea Ecuatorial, debería hacerlo a través del diálogo, la presencia diplomática activa y la cooperación, no mediante el aislamiento de sus ciudadanos. Como han señalado los expertos, «debe haber una mayor atención de la diplomacia española, en tiempo y recursos, acompañada de una defensa firme de principios democráticos». Pero esa atención no existe. La indiferencia es la política.
Y el desprecio, su consecuencia._Conclusión, una oportunidad perdida_
España ha decidido que Guinea Ecuatorial no merece el mismo trato que otras naciones africanas. Lo ha hecho sin explicación, sin diálogo y sin considerar el peso de una historia compartida que, aunque incómoda, es ineludible. La exclusión no es un acto administrativo; es un desaire diplomático y un agravio histórico que se suma a una larga lista de desatenciones.El argumento de los criterios técnicos de la UE se tambalea ante la evidencia de que la política de visados es, en gran medida, una herramienta política.
Y en esa herramienta, España ha decidido que Guinea Ecuatorial ocupe el lugar del excluido. Mientras tanto, las empresas españolas siguen obteniendo beneficios, la cooperación se reduce y el vínculo cultural se desgasta por el peso de la indiferencia.La historia, sin embargo, no se olvida.
Y un día, quizá, España tendrá que responder por este desprecio hacia la única nación africana que, por derecho propio, debería ser su aliada natural en el continente. Mientras tanto, el silencio de las autoridades y la ausencia de explicaciones seguirán siendo la respuesta más elocuente a una pregunta que no debería necesitar respuesta: ¿por qué Guinea Ecuatorial no es bienvenida en la casa que ella misma ayudó a construir?
