Juan Santos 
La escena se repite cada mes en las estaciones de servicio de todo el ámbito nacional: un alto funcionario del Estado, con su descuento salarial ya aplicado según los cánones de su cargo y del gobierno, espera horas para que le sirvan el combustible por el que ya pagó. Termina, en la mayoría de los casos, desembolsando dinero en efectivo para llenar el depósito ya que no le pueden dar la cantidad que pide, «solo por 10mil, es lo que han dicho», responde una dependienta de la estación, o revendiendo su cupo a precio de saldo.
Durante meses, la población ha señalado con el dedo a la dirección de Gepetrol Servicios como la responsable de esta farsa. Hoy, la Gendarmería Nacional lo confirma con pruebas: no es un problema de logística, es un sistema de corrupción estructurado. El informe de la Gendarmería, impulsado por el Vicepresidente de la República, ha puesto al descubierto lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a denunciar. Gepetrol Servicios no es una empresa ineficiente; es una organización donde directivos actuales y exdirectivos han participado en un esquema sistemático de desvío de fondos y cobro de comisiones ilegales.
Mientras los ministros y viceministros suplican por sus litros, los gestores de esta paraestatal se han dedicado a inflar contratos, desviar vehículos y vender ilegalmente el combustible que el Estado paga.Las cifras son demoledoras.
La investigación revela que los implicados y empresas subcontratadas deberán reintegrar al Estado más de 3.700 millones de francos CFA. Solo el desvío de una flota de vehículos oficiales terminó con cinco camionetas Toyota aparcadas en los patios privados del exdirector general, en Malabo, Bata y Mongomo. Pero lo más grave, y lo que conecta directamente con la agonía diaria de los funcionarios, es el desvío y venta ilegal de combustible que la Gendarmería ha documentado. Cada litro que no llega al tanque del funcionario es un litro que engorda las cuentas de una red de corruptos.
El modus operandi es tan sencillo como perverso: se solicitaron fondos para construir cuatro gasolineras con un presupuesto de 5 mil millones de FCFA. Solo se construyeron dos. Se pagó la mitad. La otra mitad del dinero está en paradero desconocido. ¿Adivinen quién pagó esa factura? El Estado. ¿Quién la cobró? Los directivos de Gepetrol Servicios. El mismo patrón se repite en la contratación de un aplicativo informático: valorado inicialmente en 60 millones, su precio fue inflado hasta los 180 millones por instrucciones de la dirección financiera. La diferencia, según confesiones de los propios implicados, fue repartida entre los directivos.Y mientras esta trama se tejía en los despachos, ¿qué ocurría en las bombas de combustible? Que no había carburante para los cupos oficiales. La explicación ya no es técnica, es criminal.
El combustible que el Estado paga y descuenta a sus funcionarios no desaparece por arte de magia: se desvía, se vende ilegalmente y se convierte en comisiones para los gestores de Gepetrol Servicios. Los ministros, viceministros, secretarios generales, directores generales, lejos de ser privilegiados, son las primeras víctimas de esta estafa institucionalizada. Pagan dos veces por el mismo litro mientras los verdaderos beneficiarios del sistema —los directivos de la empresa— se embolsan millones.
La Fiscalía ya ha recibido el expediente y no se descartan nuevas implicaciones. Los delitos que pesan sobre esta trama son graves: malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Pero la pregunta que la población se hace es clara: ¿dónde estaban los órganos de control mientras Gepetrol Servicios saqueaba el erario público? ¿Dónde estaban las auditorías cuando se pagaban 100 millones mensuales por alquilar 16 camiones cisterna, pudiendo usar los 5 que la empresa ya tenía?La respuesta es dolorosa: el sistema permitió que esta empresa se convirtiera en un feudo privado dentro del Estado. Los mismos que debían vigilar la correcta distribución del combustible eran los que lo desviaban para su beneficio. Los mismos que debían rendir cuentas al Estado facturaban a través de empresas interpuestas, como E.J.P., la firma privada creada por el exdirector general, que ha facturado más de 6.164 millones de francos CFA a la propia empresa pública que él dirigía.
Hoy, gracias a la investigación de la Gendarmería y al impulso del Vicepresidente, la verdad comienza a salir a la luz. Pero la población no puede conformarse con que se devuelvan 3.700 millones. Exige que los responsables no solo reintegren el dinero, sino que paguen con cárcel lo que han robado. Exige que Gepetrol Servicios deje de ser una máquina de hacer millonarios para convertirse en lo que siempre debió ser: una empresa al servicio del pueblo, no al servicio de sus directivos.Mientras tanto, el funcionario seguirá pagando su cupo y vendiendo a pérdida.
El ciudadano seguirá viendo cómo su riqueza nacional se esfuma en gasolina malversada. Y Gepetrol Servicios, la empresa investigada por corrupción, seguirá siendo el espejo de una enfermedad que corroe las entrañas de nuestro Estado. La justicia tiene la palabra. Y la población, la mirada fija.
